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SANCIONES Y BLOQUEO: PDF Imprimir E-mail

Sanciones y Bloqueo Imagen

I parte

Violación de la soberanía y agresión a VENEZUELA


El siguiente informe elaborado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, recoge argumentos y hechos que demuestran la existencia -desde el año 2014- de una política hostil y agresiva por parte de los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU) hacia Venezuela. Esta política se expresa con particular intensidad en la adopción de medidas unilaterales coercitivas (sanciones) dirigidas a afectar la estabilidad económica y política de la democracia venezolana, dentro de un plan que pretende el derrocamiento del Gobierno constitucional, la toma de control de los recursos económicos y de la soberanía de Venezuela, y se inserta en la estrategia de recolonización de América Latina y el Caribe, mediante la reimposición de la Doctrina Monroe en el continente, que lleva adelante la administración Trump.

"Cambio de régimen"

Desde la llegada al poder de la Revolución Bolivariana, con la elección de Hugo Chávez como Presidente en 1998, Venezuela se encuentra en la mira de los intereses de EEUU en el continente y ocupa un lugar privilegiado - como objetivo prioritario- en su estrategia de dominación global.

A partir del año 2000, EEUU definió hacia Venezuela una política de "cambio de régimen" que postula la imposibilidad para el imperio estadounidense de convivir con una democracia popular y original como la venezolana, y que ve en dicho modelo -con sus reivindicaciones de soberanía, independencia y justicia social- una amenaza para el esquema de dominación y control de la región en el siglo XXI.

Esta estrategia, que condujo al Gobierno de George W. Bush a financiar, y apoyar el fallido Golpe de Estado de abril de 2002 contra el Presidente Hugo Chávez, experimenta una etapa de aceleración desde el año 2015, cuando el presidente Barack Obama emite el Decreto que considera a Venezuela una "amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los EE.UU".

Con la orden ejecutiva 13692 de marzo de 2015, renovada desde entonces tanto por Barack Obama como por Donald Trump, el régimen estadounidense legalizó lo que hasta entonces era una política no oficial, que se ejecutaba mediante operaciones financieras, políticas, mediáticas, paramilitares y diplomáticas encubiertas, como lo han demostrado las filtraciones de Wikileaks y centenares de documentos descalificados del Gobierno estadounidense.

El gobierno Trump, influido por poderosos lobbies del estado de Florida e intereses mercantiles como los de la petrolera Exxon Mobil, entre otros - interesados en ponerle las manos a las inmensas riquezas y recursos de Venezuela- ha escalado la política de hostilidad y ha declarado abiertamente su intención de remover del poder al Gobierno legítimo de Venezuela por cualquier método posible.

El propio Donald Trump hace algunos meses, declaró tener abiertas contra Venezuela "todas las opciones", incluidas entre éstas, un embargo petrolero y una eventual intervención militar.


Vista de forma global, y considerando sus múltiples formas, modalidades y su naturaleza creciente y agresiva, la política de EEUU hacia Venezuela en las últimas dos décadas puede considerarse sin duda como la de una política guerrerista.


EEUU ha definido a Venezuela como un "enemigo hemisférico" y ejecuta contra nuestro país una guerra no declarada. Una guerra cuyo objetivo es la destrucción del modelo democrático venezolano, la aniquilación del movimiento popular, del liderazgo de la Revolución Bolivariana, y la reapropiación y toma de control de las inmensas riquezas de Venezuela.

Sanciones: escalada de la agresión

En este contexto, desde el año 2017, EE.UU optó por castigar a Venezuela mediante la aplicación de medidas unilaterales y coercitivas (sanciones), particularmente en el campo económico y financiero, en la misma línea aplicada contra países con los que el imperio estadounidense se mantiene en situación de conflicto, como Cuba, Rusia, Irán, Siria, Sudán y la República Democrática de Corea.

Desde 2014 se han emitido catorce actos jurídicos: leyes, decretos o normas sancionatorias contra la República Bolivariana de Venezuela.

Grafico 1 medidas coercitivas

Desde 2014 se han emitido catorce actos jurídicos: leyes, decretos o normas sancionatorias contra la República Bolivariana de Venezuela.

Estas medidas unilaterales y coercitivas, injustas ilegales, y violatorias del Derecho Público Internacional, han sido presentadas por la administración Trump como medidas puntuales contra individuos: funcionarios del Gobierno venezolano, civiles y militares, así como contra personas o empresas identificadas como asociadas política o económicamente al Gobierno venezolano. La administración argumenta que tales medidas no generan efectos negativos sobre la población venezolana, y por el contrario, están destinadas a mejorar la situación del país y acelerar su "regreso a la democracia". Las medidas incluyen:


- Prohibición de ingreso a territorio estadounidense.


- Congelamiento e incautación de activos financieros, cuentas en el sistema financiero estadounidense y bienes que tales personas puedan poseer en EEUU.


- Prohibición de trato o relación comercial o financiero con entidades estadounidenses.


- Las sanciones, inicialmente impuestas por la OFAC, la oficina de control de activos, dependiente del Departamento de Tesoro, desde finales de 2017 son legitimadas mediante decretos especiales de la administración Trump.


- En todos los casos las sanciones se han extendido a los familiares de las personas sancionadas.


A partir de 2018, las sanciones individuales se han extendido para abarcar aspectos generales de la gestión económica y financiera del Gobierno venezolano, tales como:


- Prohibición a personas, entidades del sector financiero estadounidense de realizar operaciones con bonos de la deuda soberana de la República Bolivariana de Venezuela, y en general, con cualquier instrumento financiero emitido o perteneciente al Gobierno de Venezuela, como los bonos de la empresas PDVSA.


- Prohibición a personas y entidades del sector financiero estadounidense a realizar operaciones o transacciones con la criptomoneda "Petro", cualquier criptodivisa o instrumento monetario emitido o respaldado por el Gobierno de Venezuela.


Efectos generales de las sanciones

Fundamentándose en las prerrogativas establecidas en el Decreto Obama, las sanciones de EEUU contra Venezuela producen una grave perturbación de la vida nacional, específicamente en el campo económico, que afectan duramente al pueblo venezolano. Este fenómeno que se ha denominado la agresión económica, o la guerra económica, genera los siguientes efectos:

• Obstaculización del comercio internacional, privando al país del acceso a alimentos, medicinas y bienes esenciales.

• Bloqueo de cuentas, operaciones financieras y transacciones que impiden o perturban las operaciones internacionales de pago de los compromisos legítimos de la República o de cobro de acreencias que mantienen proveedores internacionales con Venezuela.

• Congelamiento o retención de recursos legítimos pertenecientes a Venezuela en bancos y entidades financieras.

• Retraso en la gestión de operaciones de compra venta, afectando a no sólo al Gobierno y empresas venezolanas, sino a sus socios comerciales extranjeros.

 
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